domingo, 15 de junio de 2014

Un contrato social para el siglo XXI


Francisco González de Tena, doctor en Sociología y actual presidente de la Federación Coordinadora X 24 (de asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España)


El principio que sustenta la Democracia de que la Soberanía reside en el Pueblo, sujeto originario de todo Poder, quien la delega  su gestión en Representantes Políticos, legitimados mediante el Sufragio Universal, principio que ha sufrido tal deterioro práctico que corre el peligro de ser un decorado de cartón piedra para ocultar una realidad que ya hace tiempo cambió a sus actores. Las nuevas generaciones claman, sin apelar a tanto formalismo de Teoría Política, por participar de forma efectiva en los procesos electorales y sobre todo en las consecuencias prácticas para nuestras vidas. Pero las recientes elecciones al Parlamento Europeo son una prueba evidente que la parte más importante de aquella máxima no se cumple, al memos en la dimensión que se le debería suponer. Con otras consideraciones de mayor calado, que
serán el objeto de estas líneas, gravita el hecho paradójico de que, bajo la creencia electoral de que se han votado representantes populares en el ámbito europeo para una Cámara teóricamente legislativa, en realidad el Parlamento sólo sirve de caja de resonancia formal para refrendar, matizar o rechazar lo que propone el Consejo de Europa en las materias que nos condicionarán legalmente. Es el Consejo, reflejo de la voluntad legislativa de los Estados miembros, quien elabora y promueve las auténticas iniciativas legislativas, que además obedecen lógicamente a los intereses retardados de los Gobiernos nacionales. ¿Sirven entonces para marcar la agenda legislativa las propuestas electorales recogidas en los respectivos programas electorales? Sólo en la medida de que los políticos que detentan el poder de los Gobiernos nacionales sean más o menos sensibles a esos programas electorales europeos.

La pregunta a la que trata de responder esta reflexión es, ¿tenemos fórmulas para articular una auténtica participación ciudadana que haga efectiva la máxima arriba expresada, en todas las instancias que están llamadas a condicionar la realidad política? Esa fórmula deberá contar, como elemento fundamental y condicionante, que en la cúspide de ese Poder Legislativo se posaron hace muchos años unas aves de rapiña a quienes nadie había convocado: los detentadores del Poder Financiero, que mudó sus estrategias desde la Economía Real (la que crea puestos de trabajo y riqueza material) a un campo inmaterial y prácticamente incontrolable como son los tremendos flujos financieros especulativos.   

Para comenzar con lo que debiera ser el marco condicionante de todo ese edificio del Poder efectivo, Legislativo y Ejecutivo, tendremos que acudir a una fórmula que abrió la puerta a la Modernidad: el Contrato Social. Los principios filosóficos que idearon ese Gran Pacto para hacer realidad la máxima inicialmente señalada fueron los mismos que estuvieron en la base de la Revolución y, más tarde para darle savia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conviene pues tenerlos presentes si queremos remozar para este siglo lo que constituye la base civilizatoria de convivencia social. 

El cimiento de todo ese edificio de la convivencia política reside en una relación consensuada entre la ciudadanía, como depositaria original de la Soberanía Popular en los depositarios temporales de ese Poder de ejercicio, los Representantes legítimos como Parlamentarios. A la vista de la degradación actual de esa delegación parlamentaria, el primer punto que ha de tratarse de poner con claridad encima de la mesa, en ese deseable y renovado Contrato Social es sin duda el alcance, calidad, ejercicio y acreditación de esa delegación de Poder. Y este diseño consensuado de los mecanismos de delegación periódica y control de esa representación parlamentaria es lo que la actual ciudadanía está exigiendo con su voto de protesta (en blanco o nulo), el desistimiento en el ejercicio de sus derecho de sufragio (abstención) o la deriva hacia opciones políticas que se pueden calificar de oportunistas, populistas, políticamente sin viabilidad o de simbolismo dudoso por corresponderse con propuestas carentes de sentido (“silla vacía” ó X), si tenemos en cuenta el principio indicado.

Para que los ciudadanos puedan ser conscientes del ejercicio responsable de su empoderamiento político deben ver reflejado en un programa común, transversal, transparente y que recoja con nitidez sus carencias, objetivos y la defensa de sus derechos, tienen que tener garantías ciertas de que ese Programa Cívico Común será el referente de todas las opciones políticas que merezcan esa delegación de Soberanía. Para que esa delegación de Gestión Política tenga el rango de Contrato Cívico debe tener, irremediablemente dos características fundamentales: la transparencia en su ejercicio y la rendición periódica fehaciente de esa gestión éticamente intachable. Al tener calidad de Contrato Público la contrapartida esencial es sin duda el derecho regulado del Principio Revocatorio, única garantía que tienen los ciudadanos electores de revocar su mandato cuando tengan evidencias de un mal uso de esa Delegación Apoderada. 


No es ésta, aunque lo parezca, una propuesta ni revolucionaria ni utópica, ya que tiene en sus mimbres la savia de un pensamiento político con tres siglos de antigüedad y que, a su vez, bebió en las fuentes originarias de la Democracia Participativa. La gran diferencia es que los atenienses nunca pudieron ni soñar con disponer de herramientas como las conexiones hoy existentes y la potencia de redes ciudadanas para las que la distancia no es un problema insalvable. Dejar nuevamente en manos de “expertos” el diseño de algo tan vital como los mecanismos por los que nos vamos a regir y los acuerdos para hacerlos efectivos, sería nuevamente suicida. El espacio que no ocupen los ciudadanos, que sostienen al Estado, sin duda lo ocupará la Mano Invisible del Capital Especulativo sin Barreras. Ponerle controles racionales a esa apisonadora internacional es nuestro derecho y deber.

Francisco González de Tena. Madrid, 6 de junio, 2014. (pacotenaxx@gmail.com)

jueves, 5 de junio de 2014

Del rey campechano y su saga

José María Ramírez, licenciado en Derecho

Articulo publicado el 3 de junio de 2014 en brindisalohumanoylodivino.blogspot.com.es

Por una vez habrá que darle la razón a Rubalcaba: en España se entierra muy bien. Ya lo vimos con Suárez hace muy poco, cuando los mismos que le enterraron en vida, a su muerte lo auparon como ídolo de futuras generaciones. Con el rey pasa lo mismo, hace bien poco era un personaje esperpéntico, una caricatura de lo que algunos querían que fuese, y ahora, con su renuncia, lo idolatramos como si fuese una mezcla de Cicerón, por su elocuencia, de Guerrero del Antifaz, por su amor a España, y de Oráculo de Delfos, por su capacidad para ver lo que los demás no vemos. Todo un superhéroe al que algunos no terminamos de ver. Para completar el círculo solo falta que a Enrique López, el magistrado que ha dimitido por unas copillas de más, le hagan hermano mayor de la cofradía del vino de la rioja y le saquen en procesión todos los años al final de la vendimia. No sé si enterramos bien, pero nadie nos puede reprochar que no seamos agradecidos.

Pero volviendo al asunto de moda, estos días he oído decir que Juan Carlos ha sido el rey que nos
devolvió la democracia. No hace falta ser historiador para saber que eso es una absoluta y solemne estupidez, más propia de esperanzados receptores de la gracia regia que de reflexivos pensadores por los que pretenden pasar. El rey fue llamado a la diestra del dictador y allí estuvo hasta la muerte de éste, sin que en ningún momento se ruborizase al estar en tan indigna compañía. Tal vez fue éste el origen de su afición por las reales y peligrosas amistades con las que tanto le gusta lucirse. Luego, por el juego de la política, los intereses, las diferentes sensibilidades y otros azares, fueron los mismos demócratas que en su mayoría habían combatido a su mentor los que le acogieron entre sus brazos, le protegieron y le sentaron en un trono hecho a su medida. No fue él quien nos trajo la democracia, fue la democracia quien le salvó de su pasado y de un futuro incierto. Es él quien tiene que dar gracias porque en España triunfó la transición, esa institución que ha envejecido tan mal como él y que impidió romper con el franquismo y con los franquistas reconvertidos que ahora dan lecciones de urbanidad desde los púlpitos y desde las instituciones.
Ahora el rey se va, pero lo hará sin irse del todo y seguirá queriendo dirigir en la sombra a sus cachorros; se le asignará un sueldo, un despacho, un servicio, unos honores y podrá dedicarse a lo que realmente le gusta (que prefiero no saber) sin tener que rendir cuentas a nadie, como hasta ahora. Y mientras, seguiremos predicando las bondades de la Constitución, la misma que dice que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos, la misma que proclama la laicidad del Estado, la misma a la que se recurre o se ignora según sople el viento. Y seguiremos hablando de modernidad, cuando soportamos, financiamos y rendimos pleitesía a una institución arcaica, más propia del medievo que del siglo XXI. Y aunque nos pese, seguiremos sin ser iguales, porque hay una familia para la que ley es mejor que la mía, aunque no sea más honrada, y seguiremos sin saber lo que nos cuesta el rey y su familia porque posiblemente nos escandalizaríamos, y seguiremos siendo el país exótico que tenía un rey campechano al que todos ríen las gracias, o un país con un rey muy preparado, casi tanto como los miles de jóvenes que se han tenido que ir fuera de España porque no tienen un padre al que heredar el puesto de trabajo.
 
Y para rematar, y como ejemplo de lo que somos y de lo que no debemos ser, dentro de unos días asistiremos, no sin cierta vergüenza, a la misa que se oficiará con motivo de la coronación del nuevo rey, un ejemplo más del uso torticero e interesado que se hace de la Constitución, esa que proclama el laicismo del Estado, la misma que apenas unas horas antes Felipe VI habrá jurado fidelidad y que con este acto estará incumpliendo. Y para que el espectáculo sea completo, y si dios no lo remedia, la misa de Estado del Estado laico la oficiará Rouco. !País¡
Y dicen que hay quien quiere abolir la monarquía, ¿dónde hay que firmar?