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domingo, 18 de mayo de 2014

Hagáis los que hagáis, siempre ganamos los mismos

Pedro Chaves Giraldo. Portavoz de Izquierda Abierta Madrid, Profesor de Ciencia Política y miembro de Econonuestra.

Articulo publicado en blog Econonuestra de publico.es el 17 de mayo

En tiempos de campaña electoral, las encuestas son un arma de guerra usada por todo el mundo con mayor o menor empeño y profesionalidad. Naturalmente, no es que los partidos políticos escriban los resultados de encuestas ficticias: eso se hace a través de encargos ad hoc que suelen expresar con bastante exactitud los intereses estratégicos de algunos partidos, particularmente de los grandes, pero no solo. En estos días hemos leído datos inverosímiles de encuestas que realizan proyecciones de escaños con apenas 500 encuestas telefónicas en todo el estado.

En una situación tan móvil, inestable e incierta como la actual, cuando el 49,3% del electorado se muestra indeciso respecto a quién votar, puede pasar cualquier cosa. En ese espacio de indecisión las estrategias electorales pueden cosechar réditos y hacer que la balanza de las expectativas se incline a su favor.

En este artículo, me referiré exclusivamente a los datos que ofrecen las dos últimas encuestas del CIS de abril y mayo de 2014.

El primer dato importante se refiere, precisamente, a esta situación de profunda inestabilidad política y elevadas posibilidades de resultados insospechados. No obstante, las probabilidades de voto de aquellos/as que han decidido votar pero que no saben por quién (casi ocho millones de ciudadanos/as) no se reparten ni aleatoria ni caprichosamente. La indecisión se concentra entre votar al PP o al PSOE (14,3%); votar al PP o a la UPyD (2,7%); votar al PSOE o a IU/ICV/Anova (6,9%) o votar al PSOE o a la UPyD (2,5%). El resto de valores no parece muy significativo.

Otro dato relevante es el de los cambios en la fidelidad de los votantes, es decir la posibilidad de cambiar de partido. Los datos dicen que los niveles de fidelización tanto del PSOE como del PP son inusualmente bajos (apenas superan el 50%) en comparación, por ejemplo, con Izquierda Unida: 70,6% (inusualmente altos).

Por otra parte, la decisión de votar se va a sustanciar en relación con los temas nacionales: un 67,1% del electorado reconoce que su decisión de votar tendrá en consideración esos factores por encima de las cuestiones estrictamente europeas, aun cuando existe una conciencia extendida y asumida de la importancia de la UE para nuestras vidas y del Parlamento Europeo mismo (para un 83% de los encuestados, las medidas que se toman en Europa son muy o bastante importantes).

Sabiendo entonces que la partida se va a disputar en el terreno de lo estatal-nacional, conviene considerar los tres clivajes más significativos alrededor de los cuales se está articulando el debate político: el eje izquierda-derecha; el eje dentro-fuera del sistema (la representación de la desconfianza política); el eje centro-periferia. El desplazamiento de la agenda hacia estos ejes es lo que más cambios puede producir, considerando el hastío y la desconfianza de los españoles hacia la política y los partidos.

Por otra parte, la valoración de la gestión por parte del gobierno y de la oposición señala la fragilidad del PP y el hundimiento del PSOE a unos niveles desconocidos. En términos agregados, el 86,4% de los encuestados desconfía de Rajoy; pero esta cifra se incrementa hasta el 90,5% en el caso de Rubalcaba. En términos desagregados, el 58,6% de los votantes del PP tienen poca o ninguna confianza en el presidente del gobierno frente al 39,9% que tienen mucha o bastante confianza. En el caso del secretario general del PSOE, un 76,1% de sus votantes tiene poca o ninguna confianza en él, frente a un 22,6% que sí confía. Son datos demoledores para el PSOE y preocupantes para el PP. El Partido Popular puede manejar a su favor un cierto cambio en la percepción de la evolución de la crisis. Parece, sin embargo, que la estrategia de apoyarse en ese cambio en las perspectivas para mejorar sus perspectivas electorales no ha dado resultado hasta el momento.

La fragilidad e incertidumbre juegan en sentido contrario a los intereses de los dos grandes partidos, y especialmente del PP por su condición de partido de gobierno. Aún más si compartimos un dato de la realidad electoral en nuestro país: las elecciones europeas, elecciones de segundo orden, han producido resultados electorales muy similares a los que luego resultan en las elecciones de primer orden (las generales, autonómicas y locales). Por eso estas elecciones son tan importantes y existe una posibilidad real de abrir un ciclo político y electoral, pero también de malograr esta oportunidad.
La apertura del ciclo implicaría una modificación sustancial –o percibida como tal- de los resultados de estos comicios: crisis manifiesta del bipartidisimo; incremento sustancial del tercer y cuarto partidos estatales (IU y UPyD) como alternativas al modelo bipartidista; aparición –eventualmente- de nuevas fuerzas en calidad de representación alrededor del eje dentro-fuera del sistema (como Podemos, PartidoX, Vox…). El resumen de este escenario debería hacer constar tanto la crisis del bipartidismo como la emergencia de alternativas pensables como tales por la ciudadanía.

Las expectativas de abrir un nuevo ciclo electoral, y con ello un nuevo ciclo político, fracasarían si el
resultado de las elecciones europeas hiciera posible la siguiente lectura: la crisis del bipartidismo no es tal o no alcanza niveles críticos (la horquilla de resultados para los dos grandes partidos oscila entre el 61% y 66% (según los siguientes sondeos: Metroscopia, CIS, ABC, Invimark, Sigma Dos, Demoscopia); el crecimiento del tercer y cuarto partido no es relevante y/o frustra la posibilidad de una alternativa al modelo bipartidista (la suma de intención de voto de IU y UPyD oscila entre el 14% y el 22%); la representación se fragmenta en varias direcciones, haciendo imposible una única lectura de esa fragmentación.

Si este último contexto se produjera se habría malogrado una oportunidad probablemente única de abrir una puerta real de disputa de la hegemonía política en nuestro país y, con ello, de construcción de un nuevo espacio social y político de representación que pudiera ser visibilizado como una alternativa posible por la mayoría.

Este escenario enviaría un mensaje fatal a la movilización social crítica y a las fuerzas políticas que han intervenido en ese espacio con la voluntad de representarlo: “hagáis lo que hagáis, siempre ganamos los mismos”. Un golpe a la movilización y a la conciencia crítica, sin ninguna duda. De paso se haría más pensable y asequible para una mayoría la idea de una gran coalición entre un PP hegemónico y un PSOE en retirada estratégica.

Con un panorama de elevada fragmentación, neutralizadas en el imaginario colectivo las opciones de cambio político, sería más presentable la opción de “reorientar” la situación a partir de una coalición que convocase, por sentido de la responsabilidad, a los dos grandes partidos políticos.

Quiero terminar por donde empecé: en estas circunstancias de tanta inestabilidad las estrategias electorales resultan muy relevantes, de hecho pueden ser decisivas. Las encuestas forman parte del arsenal de estas estrategias. Y, particularmente, el PP tiene una estrategia combinada que entraña enormes peligros para lo que muchos y muchas deseamos: que estas elecciones europeas contribuyan a inaugurar un nuevo ciclo político. Veremos.

jueves, 8 de mayo de 2014

¿Realmente sirve para algo el Parlamento Europeo?

Pedro Chaves Giraldo. Portavoz de Izquierda Abierta Madrid, Profesor de Ciencia Política y miembro de Econonuestra.

 Articulo publicado en The Economy Journal el 8 de mayo de 2014


Los mitos urbanos sobre el Parlamento Europeo son tan numerosos o más que sobre la vida de otras instituciones representativas. Su lejanía y las dudas sobre su utilidad le han mantenido alejado del foco de las críticas más acervas contra la profesionalización de la política, pero tampoco ha escapado de las mismas.
 
Y una buena parte de esas críticas son más que razonables y justas.

De hecho, hasta ahora, la mayoría de los grandes partidos han utilizado el Parlamento Europeo como lugar en el que “retirar” a sus activos políticos gastados o jubilables, ofreciéndoles un lugar cómodo y tranquilo, bien remunerado y alejado de los molestos focos de la opinión pública y, a veces, hasta del trabajo mismo.

Y sin embargo el Parlamento Europeo es un instrumento esencial en una estrategia de cambio político en Europa. Con todas sus limitaciones, el Parlamento es la única institución que goza de la legitimidad popular y, por ello, puede convertirse en una poderosa caja de resonancia de la movilización y resistencia social contras las políticas austericidas y contra la gestión oligárquica de la crisis.

Y eso es así, sobre todo, porque lo nuevo de esta crisis es que ha colocado en el centro del conflicto la legitimidad del proceso de integración europea. Es decir, su utilidad, su estructura decisional, sus perspectivas. La crisis ha traído de la mano una politización inesperada -por su velocidad- del proceso de integración. Y ha hecho real el debate sobre alternativas a la situación actual. Mientras que los especialistas discutían sobre la conveniencia de la politización del proceso de integración, dando por hecho que se trataba de una opción entre algunas más, ésta se ha colado por la puerta grande sin preguntar a los que dicen que saben.

El Parlamento Europeo forma parte de una estructura institucional anómala en las democracias representativas. Frente a la división de poderes tradicional la Unión Europea está dividida en dos ramas que dibujan un cuadrado institucional: la rama ejecutiva formada por la Comisión Europea y el Consejo Europeo y la rama legislativa por el Parlamento y el Consejo aun cuando, la Comisión es la que dispone de la iniciativa legislativa. Como vemos una articulación compleja que hace que el proceso de toma de decisiones sea largo, complicado y escasamente comprensible.

Es común decir que el Parlamento Europeo ha sido la institución que más poder ha ganado desde Maastricht, pasando de ser una “institución florero” a ejercer capacidades de codecisión y bloqueo.

Y aunque sigue siendo una institución disminuida en sus capacidades de control y de iniciativa, las reformas de Niza y Lisboa han mejorado el margen de maniobra que permitiría hacer más visible la labor política realizada o por realizar en el Parlamento Europeo. A través de los mecanismos del proceso legislativo ordinario; el dictamen conforme o el dictamen obligatorio conforme el Parlamento puede mejorar su papel como actor político en la discusión sobre el futuro del proceso de integración. Y, especialmente, el debate que se suscitará alrededor de la elección del Presidente/a de la Comisión permitirá generar una auténtica controversia política alrededor de los diferentes modelos y proyectos sobre los que pensar el futuro de la Unión.

Cosas que el Parlamento Europeo podría hacer
 
Habría que decir que el entramado institucional produce y reproduce el déficit democrático crónico que padece la construcción europea desde sus orígenes. Y que ninguna reforma parcial o menor logrará reducir esa brecha democrática que cuestiona permanentemente la legitimidad de las decisiones tomadas por las instituciones europeas.

Así es que la refundación democrática de la UE es una exigencia en los tiempos de desconfianza y crisis de legitimidad. No obstante se pueden acometer reformas parciales que, al menos, minimicen el daño y orienten la perspectiva de un cambio sistémico. Por ejemplo, atribuir competencias legislativas al Parlamento o incorporar la Unión Económica y Monetaria a las capacidades de control parlamentario. O exigir un procedimiento único en toda Europa de participación estatal en los Consejos de modo que se asegure que los parlamentos nacionales conocen lo que van a hacer sus gobiernos en la UE. O bien, crear un encuentro interparlamentario regular entre los parlamentarios nacionales y los parlamentarios europeos, de modo que pueda discutirse sobre iniciativas legislativas etc.

Además de eso, es posible usar algunos de los instrumentos que el Tratado de Lisboa ha habilitado para dar visibilidad tanto a la resistencia como a la propuesta.

Entre ellas la Iniciativa Ciudadana Europea, una invitación para que la Comisión Europea proponga un texto legislativo en alguno de los ámbitos de competencia de la UE. Las iniciativas ciudadanas deben recibir el apoyo de, al menos, un millón de ciudadanos de siete de los veintiocho Estados miembros de la UE, alcanzando un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos. A fecha de hoy una ICE sobre el agua y su condición de bien público ha conseguido el número de firmas suficientes para continuar el procedimiento.

Huelga insistir en las limitaciones de este procedimiento y afirmar que está muy lejos de significar ningún salto de calidad en la participación ciudadana en la construcción europea. Dicho lo cual y en este contexto de crisis de legitimidad, esta posibilidad puede contribuir tanto a hacer visible el rechazo como las alternativas. Y debe ser considerado con toda seriedad.

Resulta relevante conocer que las dinámicas de votación en el Parlamento Europeo reflejan, precisamente, esa lógica de articulación del conflicto político que se observa, también en nuestras democracias nacionales.
La coalición más significativa, populares y socialistas

Un estudio de la dinámica parlamentaria en los últimos diez años nos dice de las oportunidades que surgen en la nueva legislatura: la coalición de acuerdo en votaciones más importantes en el PE es la que se ha dado entre el GUE (el grupo de la Izquierda Alternativa) y los Verdes, un 79,3% de las veces. Y el acuerdo entre el GUE y el grupo socialista: un 72% de las veces. Hay que señalar que los socialistas y los populares han votado juntos un 64,5% de las ocasiones. Bien es verdad que en las cuestiones sustanciales (economía, finanzas etc.) la coalición más significativa es la que comparten populares y socialistas. No es extraño, ambas familias han sido las impulsoras y protagonistas de este proceso de integración y, particularmente, desde Maastricht, las que han defendido con mayor ahínco las lógicas de privatización y desregulación impulsadas y promovidas desde la Comisión Europea con el objetivo de propiciar la creación de un mercado único.

Por otra parte la irrupción en varios países de partidos claramente xenófobos y anti-proceso de integración producirá, sin duda, una nueva agenda política y hará mucho más visible el conflicto respecto a cuestiones esenciales de la vida política en la UE.

Esto significa que en la próxima legislatura el Parlamento será novedosa y, en muchos aspectos, imprevisible.La crisis ha hecho visible que la construcción europea es un juego en el que unos ganan y otros pierden. Y las lógicas económicas puestas en marcha desde Maastricht y acentuadas en la gestión de la crisis implican un deterioro de las condiciones de vida para la mayoría insoportables, especialmente, pero no solo, en los países del sur o de la periferia económica de la UEM, entre ellos España.

Estas elecciones y el futuro Parlamento Europeo pueden y deben jugar un papel muy importante como institución que hace visible la resistencia y la propuesta. Esta vez, discutir de Europa es una necesidad.

viernes, 18 de abril de 2014

Cuando se expulsa a los europeos de Europa

En estos días cuelga de la fachada el edificio Berlaymont de la Comisión Europea en Bruselas una enorme pancarta publicitaria que habla de la libertad de circulación de trabajadores y de personas. Una de las famosas cuatro libertades santificadas por el Tratado de Roma. Ignoramos si ha sido la
casualidad, el destino o una comprensión pelín aviesa y retorcida del significado de la oportunidad política, el que ha hecho coincidir esta gesta comunicacional de la Comisión con las noticias de que estados de la Unión usan la legislación comunitaria para expulsar a ciudadanos/as de sus fronteras. Los casos más notables: Bélgica y ahora Alemania, sin contar con Suiza, que forma también parte del espacio Schengen.

En una comparecencia en ESADE el 27 de marzo de este año el Comisario Europeo Almunia sentenció sobre la legalidad de esas normas: “Hay una norma de la UE de 2004 que permite que un país que ha acogido a un inmigrante pero que, pasado algún tiempo, no tiene medios de vida, pueda remitirlo a su país de origen”.

Almunia se refería a la Directiva 2004/38/CE que condiciona la libre circulación por razones de salud, seguridad y orden públicos y que, en sus artículos 7.1.b y 14.1, establece el requisito para las personas europeas inactivas o estudiantes, de demostrar que disponen de recursos y seguro médico suficientes para no convertirse “en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida”.

El Reglamento UE 492/2011 que actualizaba el originario Reglamento que regulaba esta materia (CEE 1612/68) se extiende en explicar la condición constituyente del derecho a la libre circulación de trabajadores en el marco del proceso de integración europea, explicitando los derechos que les amparan a él y sus familias.

En este punto reside uno de los problemas de la normativa: el derecho a la libre circulación fue inicialmente predicable de la condición de trabajador, como derecho  complementario a la libertad de circulación de mercancías, capitales o servicios, en el contexto de creación y consolidación de un mercado único. Y aunque estas normas no establecían una definición única y clara de lo que entendían por “trabajador”, la doctrina del TJCE generó una jurisprudencia que hacía extensible esta condición a cualquier desempeño profesional por el que se perciba un salario, independientemente de la cuantía de éste o del sector profesional, o de la actividad realizada. Podía abarcar también a quien, habiendo trabajado en el país de acogida o teniendo un vínculo con su mercado laboral, estuviera eventualmente desempleado pero en búsqueda activa de empleo. Pero aún con esta perspectiva extensa de lo que debe entenderse como trabajador, que fue plasmada en la Directiva 2004/38, lo cierto es que el derecho a la libre circulación se mantiene subordinado a la construcción de un mercado único y sus exigencias por medio de los límites que establece también la Directiva respecto a las personas no activas. Así, se da la paradoja de que la libre circulación es un derecho ciudadano según la Carta de derechos fundamentales europea (artículo 45) y por lo tanto entra dentro de la categoría de derechos civiles o políticos, mientras se mantiene como derecho vinculado principalmente a la condición (ampliada) de trabajador.

En el contexto de la mayor crisis económica desde el crack del 29 y de la gestión neoliberal de la misma, esta circunstancia agudiza algunos de los procesos en marcha con resultados imprevisibles. En particular, es de destacar la asimetría entre las opciones de política económica y monetaria a disposición de los estados para hacer frente a la crisis y las exigencias de las instituciones europeas, de la moneda única y de la economía global. Efectivamente, los estados ya no disponen de la devaluación de la moneda o la inversión y gasto público para hacer frente al impacto producido por la crisis. Además, las exigencias del Pacto de Convergencia y otras medidas de gobernanza de la crisis (Six Packs, Two Packs etc..) les obligan a cumplir con rigurosos estándares macroeconómicos. Frente a esto, los estados solo disponen para equilibrar sus economías de lo que se ha denominado “devaluación interna”: un espectacular ajuste vía reducción de salarios, degradación de las condiciones laborales y recortes en las políticas de gasto público, para intentar mejorar sus estándares de competitividad en el mercado internacional.

La propia Comisión Europea se ve atrapada en un discurso que vincula el derecho a la libre circulación a los derechos propios de la ciudadanía europea, sin condicionamiento alguno a la movilidad laboral, que no es más que una dimensión específica del derecho ampliado a la ciudadanía. Así en su informe sobre la ciudadanía de la UE de 8 de mayo 2013, la Comisión Europea afirma que “la movilidad de los ciudadanos impulsa la economía de la UE”, refiriéndose por tanto a la libre circulación como derecho propio de la ciudadanía europea sin condicionantes económicos o laborales, y con efectos económicos positivos.

Se refuerza la impresión de que el diktat de los mercados financieros es el único eje a partir del cual
entender el proceso de integración en la actualidad. Y mientras, se consolida el hecho de una Unión Europea con profundas desigualdades en lo que se refiere a la distribución de ingresos y riqueza, y  como espacio productivo y comercial.

En este marco, la libertad de circulación aparecía de manera real como una vía de escape y de regulación laboral y social en el marco europeo. Desde el punto de vista del imaginario comunitario, se convertía en una promesa de solidaridad del Oeste con el Este, y especialmente del Norte con el Sur, ante las situaciones de colapso interno de estos últimos países.  La propia Comisión ha destacado en su mencionado informe de 2013 las virtudes de la movilidad laboral como “potente mecanismo de ajuste para hacer frente a los desequilibrios y contribuir a mejorar el ajuste entre empleos y cualificaciones, al tiempo que alivia el sufrimiento social entre los ciudadanos de la UE”, enfatizando así los efectos económicos positivos de la movilidad reciente en el marco de la UE, que cifra en 24 mil millones de euros de ingresos.

Pues bien, esta expresión de solidaridad europea  parece sin embargo ahora una puerta cerrada en términos económicos y un portazo en el imaginario de una identidad europea basada en la solidaridad y la empatía paneuropea, dada la deriva que están tomando determinadas legislaciones nacionales.
Y este portazo puede tener repercusiones mayores de las que se imaginan los que con tanta inconsciencia están gestionando la crisis económica en Europa.

La UE está pasando por su peor momento en términos de apreciación por parte de la ciudadanía europea. Según el último Eurobarómetro Standard Eurobarometer 80, la imagen de la UE se ha deteriorado en más de 23 puntos desde el año 2001. En la actualidad, sólo un 31% de los encuestados dice tener una imagen positiva de la UE, frente a un 39% que la tiene neutra y un 28% que la tiene negativa. La distancia entre la imagen positiva y negativa, que en 2001 era de 37 puntos a favor de la positiva, hoy es de sólo 3 puntos. Un 66% de la ciudadanía de la UE considera que su voz no cuenta para nada en los asuntos comunitarios, y éste, al igual que otros indicadores, pone de relieve la aparición y consolidación de una fractura Norte-Sur que hasta ahora no existía, no al menos con esta intensidad. A la pregunta de si se sienten o no ciudadanos de la UE, un 59% contesta que sí en términos agregados, frente a un 40% que niega sentirse ciudadano de la UE. Pero estos indicadores son radicalmente distintos siguiendo esta fractura Norte-Sur: en Alemania, 73% responden “sí”, frente a un 26% de respuestas negativas ; en cambio en Grecia, 58% responden “no” frente a un 42% que sí se consideran ciudadanos de la UE.

Si la evidencia de la fractura Norte-Sur comienza a ser una realidad que puede condicionar el futuro del proceso de integración, el duro golpe político y simbólico al imaginario de la UE en la cabeza y el corazón de los ciudadanos europeos puede ser aún más significativo.

La libre circulación es el derecho más apreciado
Cuando se interroga a los ciudadanos sobre los resultados positivos de la UE, la libre circulación de las personas goza desde hace muchos años del mayor apoyo y consenso. Para un 57% de los encuestados, éste es con diferencia el mayor logro de la UE, solo seguido por la paz entre los estados, con un 53%. Si consideramos que la paz lograda a través del proceso de integración formaba parte de los ideales fundacionales, y tenemos en cuenta que los siguientes ítems apreciados (Euro o programa Erasmus) figuran con apoyos del 25% y el 23%, salta a la vista  que la idea de la libertad de circulación se ha instituido como un factor simbólico de primera magnitud en el imaginario europeo. Un elemento que sigue alimentando el apoyo a la UE y que puede verse modificado por la evidencia de que se trata de un derecho condicionado y limitado.

La percepción pública de la libre circulación
Por último, esta limitación a derechos de ciudadanía evidencia la centralidad de la lógica del mercado y añaden un obstáculo más a la creación de un espacio público europeo. Sin embargo, la existencia de ese espacio es una  condición para que pueda conformarse un espacio político y democrático de deliberación y decisión, que contribuya a dimensionar a nivel de la UE lo que perdemos de manera irreversible en el estado nacional, y a construir un nuevo ámbito de articulación de intereses y de representación política.

Por eso, son urgentes iniciativas coordinadas de actores sociales y políticos que denuncien las situaciones de constricción a la libertad real de circulación, y sus consecuencias. Y que estas acciones expresen la solidaridad y el compromiso de los y las de abajo frente a las lógicas de los gobiernos y los intereses que representan. En estos momentos, la fractura Norte-Sur que se evidencia  en distintos ámbitos, es uno de los mayores riesgos para el proceso de integración europeo a medio plazo. Es difícil seguir observando a los dirigentes europeos enredados en su jerga comunitaria, mientras el edificio de la legitimidad ciudadana se resquebraja a ojos vista.