Pedro Chaves Giraldo. Portavoz de Izquierda Abierta Madrid, Profesor de Ciencia Política y miembro de Econonuestra.
Sara Lafuente. Abogada e investigadora Centre Métices (ULB) Changing Employment Marie Curie ITN.
Articulo publicado en publico.es el 15 de abril de 2014

casualidad, el destino o una comprensión pelín aviesa y retorcida del significado de la oportunidad política, el que ha hecho coincidir esta gesta comunicacional de la Comisión con las noticias de que estados de la Unión usan la legislación comunitaria para expulsar a ciudadanos/as de sus fronteras. Los casos más notables: Bélgica y ahora Alemania, sin contar con Suiza, que forma también parte del espacio Schengen.
En una comparecencia en ESADE el 27 de marzo de este año el Comisario
Europeo Almunia sentenció sobre la legalidad de esas normas: “Hay una
norma de la UE de 2004 que permite que un país que ha acogido a un
inmigrante pero que, pasado algún tiempo, no tiene medios de vida, pueda
remitirlo a su país de origen”.
Almunia se refería a la Directiva 2004/38/CE
que condiciona la libre circulación por razones de salud, seguridad y
orden públicos y que, en sus artículos 7.1.b y 14.1, establece el
requisito para las personas europeas inactivas o estudiantes, de
demostrar que disponen de recursos y seguro médico suficientes para no
convertirse “en una carga excesiva para la asistencia social del Estado
miembro de acogida”.
El Reglamento UE 492/2011 que actualizaba el originario Reglamento
que regulaba esta materia (CEE 1612/68) se extiende en explicar la
condición constituyente del derecho a la libre circulación de
trabajadores en el marco del proceso de integración europea,
explicitando los derechos que les amparan a él y sus familias.
En este punto reside uno de los problemas de la normativa: el derecho
a la libre circulación fue inicialmente predicable de la condición de
trabajador, como derecho complementario a la libertad de circulación de
mercancías, capitales o servicios, en el contexto de creación y
consolidación de un mercado único. Y aunque estas normas no establecían
una definición única y clara de lo que entendían por “trabajador”, la
doctrina del TJCE generó una jurisprudencia que hacía extensible esta
condición a cualquier desempeño profesional por el que se perciba un
salario, independientemente de la cuantía de éste o del sector
profesional, o de la actividad realizada. Podía abarcar también a quien,
habiendo trabajado en el país de acogida o teniendo un vínculo con su
mercado laboral, estuviera eventualmente desempleado pero en búsqueda
activa de empleo. Pero aún con esta perspectiva extensa de lo que debe
entenderse como trabajador, que fue plasmada en la Directiva 2004/38, lo
cierto es que el derecho a la libre circulación se mantiene subordinado
a la construcción de un mercado único y sus exigencias por medio de los
límites que establece también la Directiva respecto a las personas no
activas. Así, se da la paradoja de que la libre circulación es un
derecho ciudadano según la Carta de derechos fundamentales europea
(artículo 45) y por lo tanto entra dentro de la categoría de derechos
civiles o políticos, mientras se mantiene como derecho vinculado
principalmente a la condición (ampliada) de trabajador.
En el contexto de la mayor crisis económica desde el crack del 29 y
de la gestión neoliberal de la misma, esta circunstancia agudiza algunos
de los procesos en marcha con resultados imprevisibles. En particular,
es de destacar la asimetría entre las opciones de política económica y
monetaria a disposición de los estados para hacer frente a la crisis y
las exigencias de las instituciones europeas, de la moneda única y de la
economía global. Efectivamente, los estados ya no disponen de la
devaluación de la moneda o la inversión y gasto público para hacer
frente al impacto producido por la crisis. Además, las exigencias del
Pacto de Convergencia y otras medidas de gobernanza de la crisis (Six
Packs, Two Packs etc..) les obligan a cumplir con rigurosos estándares
macroeconómicos. Frente a esto, los estados solo disponen para
equilibrar sus economías de lo que se ha denominado “devaluación
interna”: un espectacular ajuste vía reducción de salarios, degradación
de las condiciones laborales y recortes en las políticas de gasto
público, para intentar mejorar sus estándares de competitividad en el
mercado internacional.
La propia Comisión Europea se ve atrapada en un discurso que vincula
el derecho a la libre circulación a los derechos propios de la
ciudadanía europea, sin condicionamiento alguno a la movilidad laboral,
que no es más que una dimensión específica del derecho ampliado a la
ciudadanía. Así en su informe sobre la ciudadanía de la UE de 8 de mayo
2013, la Comisión Europea afirma que “la movilidad de los ciudadanos
impulsa la economía de la UE”, refiriéndose por tanto a la libre
circulación como derecho propio de la ciudadanía europea sin
condicionantes económicos o laborales, y con efectos económicos
positivos.
Se refuerza la impresión de que el diktat de los mercados
financieros es el único eje a partir del cual
entender el proceso de integración en la actualidad. Y mientras, se consolida el hecho de una Unión Europea con profundas desigualdades en lo que se refiere a la distribución de ingresos y riqueza, y como espacio productivo y comercial.
entender el proceso de integración en la actualidad. Y mientras, se consolida el hecho de una Unión Europea con profundas desigualdades en lo que se refiere a la distribución de ingresos y riqueza, y como espacio productivo y comercial.
En este marco, la libertad de circulación aparecía de manera real
como una vía de escape y de regulación laboral y social en el marco
europeo. Desde el punto de vista del imaginario comunitario, se
convertía en una promesa de solidaridad del Oeste con el Este, y
especialmente del Norte con el Sur, ante las situaciones de colapso
interno de estos últimos países. La propia Comisión ha destacado en su
mencionado informe de 2013 las virtudes de la movilidad laboral como
“potente mecanismo de ajuste para hacer frente a los desequilibrios y
contribuir a mejorar el ajuste entre empleos y cualificaciones, al
tiempo que alivia el sufrimiento social entre los ciudadanos de la UE”,
enfatizando así los efectos económicos positivos de la movilidad
reciente en el marco de la UE, que cifra en 24 mil millones de euros de
ingresos.
Pues bien, esta expresión de solidaridad europea parece sin embargo
ahora una puerta cerrada en términos económicos y un portazo en el
imaginario de una identidad europea basada en la solidaridad y la
empatía paneuropea, dada la deriva que están tomando determinadas
legislaciones nacionales.
Y este portazo puede tener repercusiones mayores de las que se
imaginan los que con tanta inconsciencia están gestionando la crisis
económica en Europa.
La UE está pasando por su peor momento en términos de apreciación por
parte de la ciudadanía europea. Según el último Eurobarómetro Standard Eurobarometer 80,
la imagen de la UE se ha deteriorado en más de 23 puntos desde el año
2001. En la actualidad, sólo un 31% de los encuestados dice tener una
imagen positiva de la UE, frente a un 39% que la tiene neutra y un 28%
que la tiene negativa. La distancia entre la imagen positiva y negativa,
que en 2001 era de 37 puntos a favor de la positiva, hoy es de sólo 3
puntos. Un 66% de la ciudadanía de la UE considera que su voz no cuenta
para nada en los asuntos comunitarios, y éste, al igual que otros
indicadores, pone de relieve la aparición y consolidación de una
fractura Norte-Sur que hasta ahora no existía, no al menos con esta
intensidad. A la pregunta de si se sienten o no ciudadanos de la UE, un
59% contesta que sí en términos agregados, frente a un 40% que niega
sentirse ciudadano de la UE. Pero estos indicadores son radicalmente
distintos siguiendo esta fractura Norte-Sur: en Alemania, 73% responden
“sí”, frente a un 26% de respuestas negativas ; en cambio en Grecia, 58%
responden “no” frente a un 42% que sí se consideran ciudadanos de la
UE.
Si la evidencia de la fractura Norte-Sur comienza a ser una realidad
que puede condicionar el futuro del proceso de integración, el duro
golpe político y simbólico al imaginario de la UE en la cabeza y el
corazón de los ciudadanos europeos puede ser aún más significativo.
![]() |
La libre circulación es el derecho más apreciado |
![]() |
La percepción pública de la libre circulación |
Por eso, son urgentes iniciativas coordinadas de actores sociales y
políticos que denuncien las situaciones de constricción a la libertad
real de circulación, y sus consecuencias. Y que estas acciones expresen
la solidaridad y el compromiso de los y las de abajo frente a las
lógicas de los gobiernos y los intereses que representan. En estos
momentos, la fractura Norte-Sur que se evidencia en distintos ámbitos,
es uno de los mayores riesgos para el proceso de integración europeo a
medio plazo. Es difícil seguir observando a los dirigentes europeos
enredados en su jerga comunitaria, mientras el edificio de la
legitimidad ciudadana se resquebraja a ojos vista.