Francisco González de Tena, doctor en Sociología y actual presidente
de la Federación Coordinadora X 24 (de asociaciones de Víctimas por el
Robo de Niños en España)
En
estos días ve la luz de las librerías mi ensayo “Nos encargamos de todo”. Robo y
tráfico de niños en España (editorial Clave Intelectual). En
menos de doscientas cincuenta páginas de este libro no es posible el desarrollo
que ese inmenso drama, que sin duda pesará durante años sobre la sociedad
española. El objetivo del ensayo no es dar todas las respuestas, objetivo
claramente imposible a las fuerzas
individuales, sino plantear las numerosas preguntas que el tema
despierta y ofrecer algunas de las múltiples conclusiones que han aflorado tras
casi un lustro de trabajo de investigación, pegado a las personas que siguen
sufriendo el dolor permanente y la impotencia ante una Justicia ineficiente, y
que tienen como resultado la sensación de frustración que genera nuevas
cuestiones. Pero al menos tenemos ahora una base para analizar, con la
objetividad que da la experiencia, las circunstancias y el contexto
sociocultural en el que se produjeron los hechos delictivos que provocaron este
problema de Estado.
Esta
cuestión de Estado ha sido tomada por el actual Ejecutivo como un ataque a su
control prácticamente absoluto de los instrumentos del Estado. Y esa amenaza ya
se anuncia inminente, con la toma en consideración de los casos denunciados
(sin duda una parte menor de los existentes) por parte de las Agencias de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Justicia Universal, a pesar de
las groseras trampas urdidas para eludir esas responsabilidades como estorbar
escandalosamente la acción de la Justicia argentina (caso de la Querella en
aquél país), o limitarse a dar buenas palabras, sin acción efectiva, tras la
visita de trabajo del Relator Especial de NN.UU. Pablo de Greiff. Ahora se abre
la puerta para que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tome en
consideración, de forma global, los Casos de Niños Robados. Ante toda esa
acción concertada que viene desde instancias internacionales el Ejecutivo
prepara estrategias evasivas de las que sin duda tendremos abundantes indicios
muy pronto.
La
dimensión internacional de estos delitos no debería sorprender a nadie, y menos
a quienes eran conscientes desde enero de 2012, nada más llegar al ejercicio
del poder absoluto, de los riesgos que conllevan estos delitos permanentes.
Quizás sea una minúscula asociación de víctimas, el Colectivo Sin Identidad, de
Canarias, el elemento más inquietante para el ministro que, con sus actos y
empeños, más desvirtúa el sentido último de la Justicia que predica su título.
Todo apunta a que conoce, o debiera conocer, la enorme dimensión a que obligan
de los artículos 7 y 8, especialmente, del Instrumento ratificado por España en
1990, incorporando de hecho la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño al Derecho interno de España. Para los desmemoriados es preciso repetir
que el apartado 2 de ese artículo 8 proclama la protección especial “cuando un niño sea privado ilegalmente de
alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Parte
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.” Acostumbrados como estamos a que estos
gobernantes utilicen todas las trampas posibles de los tahúres leguleyos para
eludir sus responsabilidades, como aducir como procedimientos en marcha (a la
petición de explicaciones por NN.UU.) todo lo archivado tras la artera
expulsión de Garzón por su interés contra los crímenes del Franquismo, también
nos tememos que se agarren a la excusa de la prescripción u otras como la
extemporaneidad de la ratificación de estos instrumentos de protección
infantil. Pero deliberadamente olvidan que esta legislación universal emanada
de NN.UU. trae causa tan antigua como la Declaración de Ginebra de 1924 sobre
los Derechos del Niño, que obliga erga
omnes desde hace noventa años a tomar medidas efectivas para la protección
de Derechos Fundamentales. Es hipócrita el levantar la bandera de algo tan
rebuscado como el nasciturus (expresión
manipulada de forma interesada por la Iglesia de una figura del Derecho Romano,
y además sacada de contexto legal) cuando se está condenando a ciudadanos de
pleno derecho, como los actuales disminuidos sin protección o los escolares
desnutridos, para amoldarse a las exigencias eclesiales sin base real y científica,
al tiempo que se olvida algo tan esencial como la Solidaridad con la Humanidad
viva.
Desde
ese Colectivo canario antes mencionado se le reclamó a ministro Gallardón, y en
concreto a la Fiscalía General del Estado, la protección necesaria para acceder
a instrumentos básicos e imprescindibles para tener las referencias
documentales necesarias para restablecer, sin sombras interesadas o dudas, las
identidades robadas a esos antiguos internos en las Casa Cuna de Tenerife o de
las Palmas. La práctica totalidad de esas evidencias documentales están
tapiadas bajo custodia férrea de la Iglesia, en archivos reputados como
privados pero que contienen datos importantes sobre esas identidades
dolosamente alteradas.
Sobre
algunas de estas cuestiones esenciales trata de arrojar algo de luz el ensayo
arriba mencionado. Puede ser una herramienta de reflexión en tiempos tan
convulsos y tan necesitados de referentes sensatos, pero en todo caso se trata
de una aportación, sin duda limitada, para conocer con datos el origen y la
probable dimensión de algo muy peligroso socialmente y que, lo queramos o no,
afecta gravemente a la convivencia ciudadana. Y una llamada de atención para
quienes, debiendo ser los vigilantes de la defensa práctica de los Derechos
Humanos, aquí con respecto a los niños que todos fuimos (y hoy para con los
ciudadanos actuales), eluden de forma descarada su aplicación con falsas
estrategias.
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